El EPAF, institución que ha colaborado desde el 2001 a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, ante la actual escalada de violencia y delincuencia común, se pronuncia en el siguiente sentido.

Hasta el momento, tras el fin del conflicto con Sendero Luminoso en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, el Estado ha hecho pocos esfuerzos para castigar a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar mecanismos para que las violaciones no se repitan. Creemos que esta situación constituye terreno fértil para la comisión de nuevos delitos, ya que se tiene la percepción de que éstos no van a ser investigados ni sus autores castigados.

EPAF anunció trabajo conjunto con Asociación

Los peruanos nos hemos acostumbrado a la violencia y la impunidad. Se asesinan a civiles y policías en Bagua y Cajamarca; se asesinan a miembros de las fuerzas armadas dentro de dependencias del Estado como al técnico Juan Aliaga Mera, el cadete José Luis Poma Payano y recientemente el mayor Olivera Santa Cruz; se asesinan a civiles en cuarteles y dependencias policiales como a Gerson Falla, Joaquín Chávez Toledo, Áleman Gonzales de la Cruz o Wilhen Calero; se forman escuadrones de la muerte en Trujillo y, además, cada día muchas personas están expuestas a la delincuencia y el crimen organizado. En la mayoría de estos casos, como en los casos del conflicto armado vivido en las décadas del 80 y 90, no se llega alcanzar justicia y reparación.

Existe un legado de impunidad que debemos superar. En este contexto, nos preocupa que la reacción del Estado en estos años haya sido cerrar filas y perseverar en el error en vez de enderezar el rumbo. En ese sentido, consideramos que ha llegado el momento de que el Estado reconozca la importancia de saldar cuentas con el pasado como parte de las acciones decididas e inmediatas para impedir una escalada de violencia aun mayor y que haga retroceder a nuestro país a décadas de terror y barbarie. Para esto, llamamos la atención sobre la necesidad de atender por lo menos los siguientes 3 puntos:

-          Comenzar una verdadera reforma del sistema de justicia, los sistemas correccionales, las fuerzas armadas y la policía nacional.

-          Implementar eficazmente mecanismos de investigación y sanción para casos de violaciones a los de derechos humanos.

-          Aprobar e implementar una política nacional de búsqueda de las más de 15,000 personas desaparecidas durante el conflicto.

Respecto al último punto debemos precisar que, si bien el Ministerio Público ha recuperado algunos cuerpos de personas desaparecidas, la falta de una política de búsqueda afecta en la eficiencia y eficacia del proceso. Hasta el momento, el proceso sólo se ha centrado en la recuperación de pruebas, pero no en la identificación y restitución de cuerpos a las familias. Es inadmisible que un país con un crecimiento anual de casi 7% no pueda dar respuesta a miles de familiares que ante todo quieren conocer el destino de sus seres queridos y darles una sepultura digna. Después de 10 años de la entrega del Informe Final de la CVR, sólo se ha recuperado una fracción mínima de cuerpos, de los cuales sólo el 50% han sido identificados y devueltos a sus familias.

Baraybay fue claro al pedir medidas contundentes contra la impunidad en casos de desaparición y crímenes

El EPAF, con recursos limitados, pero gracias al generoso apoyo del departamento de estado de los EEUU de Norteamérica (DRL) ha logrado identificar a 69 desaparecidos provenientes de 6 casos entre junio del 2011 y noviembre del 2012.  Esto demuestra que sólo una política integral que priorice investigaciones preliminares va a poder aumentar el éxito en las identificaciones (mientras más sepamos a quiénes buscamos, más posibilidades habrá de encontrarlos).

Como parte de su trabajo de investigación, EPAF ha priorizado el trabajo de construcción de memoria en contacto directo con las familias de los desaparecidas. Actualmente continúa trabajando con las familias para investigar casos contemporáneos.  Creemos que es indispensable seguir aplicando nuestros conocimientos para tales casos en la medida en que en nuestro país la independencia de las instituciones que realizan la investigación aún es débil y rara vez el ciudadano de a pie tiene acceso a ser representado por especialistas independientes. En consecuencia, hemos decidido apoyar a la recién creada institución Justicia Para Todos que busca dar seguimiento a la investigación de casos para el acceso a la justicia.

Cabe destacar que la cantidad de casos con investigaciones deficientes cuya información sirve de base para sentencias es alarmantemente alto y el EPAF continuará su labor fiscalizadora defendiendo el derecho de las familias, esperando que las instituciones realicen los cambios necesarios que merece cualquier democracia moderna.

Lima, 28 de febrero de 2013.