Cuando en la década de los 80, Sendero Luminoso empezó a sembrar el terror en las comunidades del sur de Ayacucho, asesinando a sus comuneros, quemando sus casas, los días no fueron los mismos para el distrito de Morcolla en la provincia de Sucre.

Marina Salazar tenía en ese entonces seis hijos con Cecilio Huamaní Choque, quien era gobernador: “Él era muy buen esposo, y se portaba bien con la comunidad, hasta que vino Sendero y se lo llevó. Él era negociante, juntaba ganados.”

Natalia Sancca vivió lo mismo con su padre, Inocencio Sancca Rimachi: “Somos cuatro hijos, mi papá era bueno, ya no supimos nada de él”.

Marcelino Díaz Ñahui corrió la misma suerte. Rosa Rojas Puchuri, su esposa, espera hasta hoy una respuesta: “No hemos recibido nada de las autoridades, a mi esposo lo mataron porque era profesor”.

Indalicia Huataquispe Mendoza es hija de Víctor Huataquispe Marca, otra víctima de Sendero: “Mi papá fue asesinado por el terrorismo en el año 84, era buen padre, siempre lo recordamos”.

Estas cuatro mujeres miran los ataúdes de sus seres queridos, pero no están en un cementerio, están en la casa de una de las viudas desde hace 30 días, desde hace un mes. Allí llegaron a parar sus restos cuando el 07 de noviembre del 2012, les fueron entregados por la Fiscalía en ceremonia pública en Huamanga, para luego dejarlas en el completo abandono: “Estamos preocupados por enterrarlos, no tenemos nada, hemos solicitado a los alcaldes, autoridades, apoyo pero no nos ha podido dar” nos dice acongojada Indalicia: “Nosotras mismas hemos traído con la ayuda de Cruz Roja, desde Huamanga hasta acá Morcolla, pero no tenemos recursos para poder enterrarlos.”, expresa entre sollozos.

Encontrar y devolver a los familiares de las víctimas los restos de sus seres desaparecidos, por los cuales han pasado años de angustia tratando de saber qué pasó con ellos, es un deber del Estado, deber que no queda en la sola entrega y restitución. Hoy son cuatro casos que conocemos pero que son más y se repiten en Ayacucho, Apurímac o Huancavelica en las regiones más golpeadas por la violencia política y también pobres de nuestro país.

¿Acaso esas víctimas no tienen derecho a descansar? ¿Acaso los familiares no tienen DERECHO a cerrar el ciclo de duelo y descansar de tanto dolor provocado? ¿Acaso el Estado no puede atenderlos con respeto y  humanidad? El entierro digno, es  también un derecho de los familiares; es parte del derecho a la REPARACIÓN. Reparación a la pérdida del ser querido, a no haber podido velarlos en las épocas del terror para despedirse, a enterrarlos como han podido asumiendo todos los gastos en medio de su pobreza.

El 10 de diciembre se conmemora el día Internacional de los Derecho Humanos, cómo podemos los peruanos celebrar este día de NUESTROS derechos reconocidos a nivel mundial cuando hay hermanos que no pueden enterrar a sus esposos, a sus padres porque no tienen dinero.

Hasta cuándo este reconocimiento a nuestros derechos tiene que ser una mendicidad frente a un Estado que los desampara como hace 30 años y como lo sigue haciendo ahora con estos 4 morcollinos: Cecilio Huamaní, Inocencio Sancca, Marcelino Díaz y Víctor Huataquispe.

EPAF.