El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), ante el desarrollo de los procesos por la ejecución extrajudicial de los habitantes de la comunidad de Morcolla en 1984,  por la desaparición forzada de Santiago Gómez Palomino en 1992, de Martín Javier Roca Casas y Kenneth Ney Anzualdo en 1993, considera necesario exponer lo siguiente:

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho, así como con la búsqueda de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, de manera especial –pero no excluyente- con las de la violencia política.

Consideramos inadmisible que el Ministerio Público y el Poder Judicial maltraten de manera reiterada a los familiares de las víctimas:

 - No informándoles de manera oportuna y adecuada sobre las pericias a realizarse, sobre el estado de las investigaciones y sobre los resultados obtenidos;

- Tratando de manera no técnica los restos de las víctimas, transportándolos en envoltorios y recipientes que, además de no ser adecuados para una adecuada investigación, muestran una completa falta de respeto por la memoria de los fallecidos;

- Prolongando de manera innecesaria el sufrimiento de los familiares, postergando y dilatando los procesos, no disponiendo la devolución de los restos inmediatamente después de finalizadas las pericias forenses, e incluso después de emitidas la sentencias;

- Haciendo anuncios prematuros sobre hallazgos de restos humanos, confundiendo a los medios de comunicación, desinformando a la población y creando falsas expectativas en los familiares.

 3. A este respecto, destacamos que el maltrato que reciben los familiares de las víctimas de la violencia política también se ha hecho extensivo a casos como la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán en el año 2009, en el cual se hizo de manera apresurada e irrespetuosa un anuncio público acerca del hallazgo de restos que, finalmente, ni siquiera eran humanos.

4. Exigimos a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público a reconocer los errores cometidos y rectificarlos a la brevedad posible, como paso indispensable para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y restaurar la dignidad de las víctimas y sus familiares.

Equipo Peruano de Antropología Forense

Lima, 7 de junio del 2012.